Opinión

Estado de Desecho

Colaboradores
Escrito por Colaboradores

Por Manuel Benítez.

Como los asesinos ricos, que quitan la vida a otras personas sin mancharse las manos de sangre contratando sicarios que lo hagan por ellos, el Gobierno de España pretende cometer una de las mayores fechorías que un Gobierno de una nación que pretende llamarse democrática podría llevar a cabo.

Si Kelsen levantara la cabeza… después de darse con el ataúd, se quedaría espantado. Ese Tribunal ad hoc que ideó para revisar la constitucionalidad de las leyes se ha convertido (aún más si cabe) en un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo para dispensarse a sí mismo la posibilidad de aplicar la propia carta magna. Y no es baladí esto que relato, pues a partir de la aprobación de la reforma de la LOTC, el Tribunal Constitucional va a poder aplicar el Código Penal, función hasta ahora reservada únicamente a los órganos dotados de jurisdicción en sentido estricto, es decir el Poder Judicial (aclaración: si es cierto que la Constitución española atribuye jurisdicción al TC, lo hace exclusivamente sobre ciertas materias en determinadas circunstancias, como por ejemplo la revisión de la constitucionalidad de las leyes o la resolución de las cuestiones que se plantean ante las posibles violaciones de los derechos fundamentales. Por ello, no es considerado parte del Poder Judicial).

No es, ni más ni menos, que desnaturalizar y politizar un Tribunal que de por sí ya está desnaturalizado y politizado, pues en no pocas ocasiones ha corregido al TS en cuestiones doctrinales que son de dudosa competencia del TC, por no hablar de su forma de elección, que se fundamenta en el juego de reparto que los partidos políticos llevan a cabo según sus intereses. Así, la ley que aprobará por mayoría absoluta el partido que está en el Gobierno permitirá que el TC pueda suspender de sus funciones a cargos públicos que no cumplan con sus propias resoluciones. Cosa que ya podían hacer los Tribunales ordinarios y el TS. Entonces, ¿por qué hacer esto?

La explicación no es jurídica, es política. El PP, como partido rico (posee mayoría absoluta) no quiere mancharse las manos de sangre al tener que suspender a Artur Mas de sus funciones si este declarara unilateralmente la independencia de Cataluña. Aplicar el art. 155 CE queda muy feo de cara a unas elecciones generales que están muy próximas. Es mejor contratar a través de una reforma legislativa a un sicario llamado TC para que haga el trabajo sucio y suspenda  al Sr. Mas de funciones si comete tamaño atropello al Estado de Derecho. Así, el PP seguiría siendo rico, tendría las manos limpias, y Artur Mas quedaría políticamente muerto.

Pero por si fuera poco, esta medida llega en un momento clave, lo cual la hace aún más indignante. Se supone que con esta reforma se pretende salvaguardar el Estado de Derecho, pues supuestamente (cosa que acabo de refutar) a partir de ahora se va a poder aplicar el Código Penal con mayor eficacia (reconociendo entonces que el Poder Judicial tiene un problema que en cuatro años no han sabido solucionar). Esta reforma no se propuso hace cuatro, ni tres años, ni siquiera hace seis meses. Se ha propuesto a unos días de las elecciones catalanas que amenazan con desintegrar España. El motivo es claro: para frenarle los pies a Artur Mas, es decir, es una reforma ideada por y para detener al Señor o Señora que se le ocurra proclamar la independencia. Y ocurre que, no hay nada más contrario al Estado de Derecho que dictar una Ley para un caso concreto. Es una forma de actuar propia de una república bananera, impropia de un Estado serio como debería ser el español.

Así, además de desnaturalizar y politizar un Tribunal que de por sí adolece de estos vicios, la reforma es un atropello contra la uno de los fundamentos de la democracia, no tanto por su contenido como por el momento en el que sale a relucir, que es cuando se presenta el serio riesgo de una ruptura de España.

Pero no debemos sorprendernos. Esto es lo que tiene la concentración de Poderes. El Ejecutivo utiliza el Legislativo para hace menos independiente el Judicial. Un golpe crítico a la democracia que, viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos, tiene difícil solución.

PD: sobra aclarar que el motivo de este artículo no es llamar asesino a nadie. Únicamente se pretende establecer una analogía.

Aquí están los resultados: 0 Votos, 0 de media

2 comentarios

  • Evidentemente todos los poderes públicos tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero el caso no es ese. Nuestro ordenamiento presenta instrumentos penales y administrativos más que suficientes para cumplir tantas resoluciones del TC como sean necesarias. A modo de ejemplo citaré el delito de prevaricación, que (para que lo entienda todo el mundo) es aquel que se comete por autoridad o funcionario público al actuar en contra de la ley o de la sentencia pertinente.

    Pero, evidentemente, el Ministerio Fiscal no va a acusar a Mas de prevaricación tal y como están las cosas en Cataluña. Sería convertirlo en un mártir político, pues este podría acabar en la cárcel. Justo el efecto contrario al deseado.

    Así, reformar la LOTC para que el propio TC pueda aplicar el Código Penal nos lleva a que, de momento, borramos al Poder Judicial del mapa jurídico, y los jueces del caso van a ser aquellos mismos que han sido impuestos por los que cambian la norma a su capricho. Corromper la justicia, dicho de otra manera.

    Un saludo
    El autor

  • No estoy de acuerdo del todo con lo dicho en este artículo, por un lado, creo que si que el momento no es el mejor y que evidentemente tiene un tufo político que es innegable, por otro, te olvidades de cuestiones muy importantes para un buen analisis de la cuestión; recordemos que todos los poderes publicos tienen el deber de cumplir lo que el TC resuelva [87.3 si no recuerdo mal] en segundo lugar, el TC tiene potestad sancionadora, aunque si bien es ridicula, hasta 3.000 euros.
    sinceramente habida cuenta de que la función primera del TC es ,al fin y al cabo, preservar la constitucion una modificacion que incluye mecanismos mas realistas para poder asegurar el cumplimiento de sus resoluciones no es que no lo vea mal, es que lo veo necesario, ya que hasta 3.000 euros es un coste en cierto margen asumible.
    Despues ya podriamos discutir si hay o no q sancionar a Mas, pero sinceramnte eso me importa poco.

Deja un comentario